La semana pasada, por ejemplo, el Comité de Industria, Investigación y Energía (ITRE) votaba por 40 a 4 a favor de la inclusión de la enmienda 46 en el Paquete de Telecomunicaciones, una enmienda que decía que las restricciones a los derechos y libertades fundamentales de los usuarios de Internet sólo podrían aplicarse tras una decisión de las autoridades judiciales, lo que ponía en tela de juicio las leyes de tres avisos como la que el gobierno de Nicolas Sarkozy quiere implantar en Francia o la que se está discutiendo en España.
Pero ayer mismo el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea pactaban una nueva redacción de este texto que lo debilita enormemente, ya que elimina la mención de la necesidad de que haya una decisión judicial previa para limitarse a decir que cualquier medida que se tome respecto a los usuarios debe respetar sus derechos y libertades fundamentales y debe ser recurrible ante los tribunales, algo que en realidad no hace falta que digan: Agreement on a new version of amendment 46/138 in Brussels. The European parliament accepted a weaker text,
El problema es que con esta redacción el usuario primero podrá sufrir esta desconexión si en su país hay vigente una ley al respecto y luegopodrá recurrir a los tribunales para que se la quiten (o no).
En cualquier caso, el Paquete de Telecomunicaciones hace una distinción un tanto artificial entre restricciones y limitaciones en el acceso a Internet, y si bien dice eso de que las restricciones tendrán que poder ser recurridas ante los tribunales, permite que los operadores de telecomunicaciones establezcan limitaciones en el acceso a Internet de sus usuarios y sólo les obliga a comunicárselas a estos.
Esto les da prácticamente carta blanca a los operadores para hacer lo que quieran, pues no dice nada de que los usuarios puedan solicitar que les quiten estas limitaciones, y tiene el potencial de convertirse en un gran problema para estos, en especial en aquellos países o regiones en los que no haya muchos operadores en competencia, ya que podrían verse en la situación de que ninguno de aquellos con los que puedan contratar el acceso a Internet les ofrece un servicio completo.
Como ejemplos de esto, los operadores pueden decidir bloquear el acceso a ciertas páginas, como ya ha sucedido en el Reino Unido, dondebloquearon el acceso a páginas para adultos en los móviles, y de paso a The Pirate Bay sin que se sepa muy bien por qué va en el mismo paquete, o también pueden decidir que aplicaciones como Skype no funcionen en su red móvil para evitar que los usuarios hablen por teléfono sin pagar por los minutos que usen.
También deja abierta la posibilidad de que los operadores empiecen a segmentar sus ofertas por tráfico, lo que de nuevo podría convertirse en un freno importante al uso de la Red, ya que además de pagar la cuota mensual habría que estar pendientes de no pasarse del máximo contratado, so pena de tener que pagar a mayores por ese tráfico, con lo que a lo mejor habría que limitarse a la hora de utilizar Spotify como hilo musical, a la hora de descargar series y películas de la iTunes Store, o a la hora de ver vídeos colgados de las webs de los canales de televisión, por citar sólo algunos ejemplos de servicios que podrían verse afectados por este tipo de tarificación.
Hay más información sobre todo este asunto en un completo (pero complejo y en inglés) dossier que mantiene La Quadrature du Net, y en español y mucho más resumida en Blackout Europe, donde también explican qué puedes hacer si lo estimas oportuno; también conviene recordar cómo hace poco Tim Berners-Lee y Vint Cerf hablaban precisamente de esto, tal y como cuenta Delia Rodríguez en Por una Web 3.0 neutral y sin jardines vallados.
El Paquete de Telecomunicaciones será votado el próximo 5 de mayo en el Parlamento, y si es aprobado se enviará al Consejo, que si lo aprueba lo convertirá en las Directivas que luego se aplicarán en cada país una vez traspuestas a sus respectivos sistemas legales, y la verdad es que ahora mismo la cosa no pinta muy bien.
